Ley de medicamentos en Guatemala: iniciativa 6604 y Proam

Para el médico en Guatemala, la discusión sobre una ley de medicamentos suele quedar en el título. Esta vez hay un texto concreto: la Comisión de Salud Pública del Congreso emitió un dictamen favorable con modificaciones a la iniciativa 6604, que actualizaría la Ley de Accesibilidad de los Medicamentos, según La Hora (2 de octubre de 2026)¹. Es un dictamen de comisión: en las fuentes revisadas para este artículo no consta una votación en el pleno, y la iniciativa podría cambiar antes de convertirse en ley.

Qué propone la iniciativa 6604 para el Proam

El Programa de Accesibilidad de Medicamentos (Proam), dependiente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), vende medicamentos esenciales a precios por debajo del mercado privado. Según el dictamen descrito por La Hora, el programa podría¹:

• comprar medicamentos directamente a la OMS, la OPS, agencias de Naciones Unidas, UNFPA, UNOPS y Comisca, bajo la Ley de Contrataciones del Estado u otro mecanismo internacional regulado;
• adquirir mediante contratos abiertos para abastecer farmacias y firmar convenios con cooperativas, industria farmacéutica, municipalidades, ONG y droguerías privadas;
• crear su propia droguería para importar, almacenar y distribuir productos farmacéuticos;
• recibir un financiamiento equivalente a 0,5 % del presupuesto de la cartera de Salud, con un piso de 10 % del valor anual de ventas de las modalidades de farmacia reguladas.

Infobae añadió que la iniciativa daría al Proam categoría de droguería, permitiría compras directas a empresas farmacéuticas en ciertos casos, entregas gratuitas en situaciones específicas (hoy la ley exige recuperar costos) y, eventualmente, producción local².

Trazabilidad y precios: lo que cambia en la práctica

Dos artículos del texto interesan al clínico más que el presupuesto. Primero, el empaque debe identificar el producto como del Proam y el MSPAS y el Ministerio de Finanzas deberían crear un código único por proveedor, distribuidor y farmacia para favorecer la trazabilidad¹. Segundo, el Proam publicaría sus precios de referencia en una plataforma web y en medios masivos al menos dos veces al año, comparándolos con los precios máximo y mínimo del mercado según datos del Instituto Nacional de Estadística¹.

La trazabilidad no es un detalle: la federación de la industria Fedefarma estima que entre 8 % y 10 % de los medicamentos en circulación presentan algún grado de falsificación o adulteración, con ventas crecientes por redes sociales⁵. Es una cifra gremial sin metodología visible en la nota, y debe leerse así. El viceministro de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, Edgar González, dijo que analizaría el dictamen antes de dar una opinión¹.

Receta por DCI: el debate que viene de 2024

Conviene no confundir la 6604 con el proyecto de Ley de Acceso a Medicamentos y Tecnologías Sanitarias, un dictamen integrado de noviembre de 2024. Ese texto proponía recetar por principio activo o DCI, ordenar en la farmacia los productos del más barato al más caro, crear una Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria y homologar en 30 días productos aprobados por reguladores de referencia³. El 11 de marzo de 2025 el pleno lo devolvió a la Comisión de Salud con 92 votos a favor y 24 en contra, tras objeciones de gremios como el Colegio de Médicos y Cirujanos y el Colegio de Farmacéuticos y Químicos⁴.

El Colegio advertía que el dispensador de la farmacia terminaría decidiendo qué producto entregar y que la sanción a médicos no era clara, pues hoy el único órgano autorizado para sancionar a los médicos es el propio Colegio⁷. Del lado contrario, la diputada Evelyn Morataya sostuvo que «No se le quita las facultades al médico para recetar» y que a mayor competencia los precios tienen que bajar³. En el pleno dijo además: «No podemos seguir con un mercado de medicamentos tal cual está establecido en este momento»⁴.

En marzo de 2025 se presentó además otra iniciativa para exonerar de IVA a los medicamentos y financiar con Q100 millones una farmacia social por departamento a través del Proam⁶. El patrón es claro: el Congreso busca varias vías para abaratar medicamentos, y cada una choca con la misma pregunta de calidad.

Qué dice la evidencia sobre genéricos y calidad

La pregunta del Colegio no es retórica, pero tampoco tiene una respuesta única. Un metaanálisis de antibióticos genéricos frente a originales no encontró diferencias en curación clínica (OR 0,89; IC 95 % 0,61–1,28), aunque la mayoría de los estudios eran observacionales y heterogéneos⁸. Una revisión sistemática del cambio a genéricos en enfermedades neurológicas no halló diferencias farmacocinéticas significativas, pero los resultados sobre hospitalizaciones, crisis y adherencia fueron más heterogéneos y casi todos los reportes eran de baja calidad⁹.

El problema de calidad está en otra parte: en productos falsificados o subestándar. Un metaanálisis de 95 520 muestras de medicamentos esenciales en países de ingresos bajos y medios encontró que 12,4 % (IC 95 % 10,2–14,6) no pasó al menos una prueba de calidad¹⁰. Otra revisión recuerda que se estima que al menos 10 % de los medicamentos en esos países son subestándar o falsificados y que la capacidad regulatoria sigue siendo insuficiente¹². Por último, un análisis económico de los nombres genéricos concluyó que reducen errores y favorecen mercados competitivos, y propuso el uso conjunto de marca y DCI al recetar, no sustituir por completo las marcas¹¹.

Qué debería vigilar el médico

• Si la 6604 llega al pleno y con qué cambios: hoy solo consta el dictamen de comisión¹.
• Cómo se reglamentaría el código único de trazabilidad y quién lo auditaría¹.
• Si el Congreso retoma la receta por DCI en un proyecto aparte, y si adopta el uso conjunto de marca y DCI que algunos análisis recomiendan³¹¹.
• Que cualquier mejora de acceso venga acompañada de farmacovigilancia: el propio Colegio señaló que hoy es insuficiente³.